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La Presidenta Michelle Bachelet destaca que el nuevo estudio OCDE sobre la política regulatoria en Chile es "instrumento potente para Chile y nuestro desarrollo"
Esta semana, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, hizo entrega a la Mandataria Michelle Bachelet, del nuevo estudio OCDE sobre la política regulatoria en Chile en una ceremonia realizada en la Cineteca del Centro Cultural Palacio de La Moneda.
A pedido del Ministerio de Economía y con el objetivo de fortalecer el trabajo del gobierno bajo la Agenda Nacional para la Productividad, Innovación y Crecimiento, el estudio servirá como un insumo en el debate y la elaboración de una estrategia gubernamental sobre cómo mejorar la calidad de la regulación.
La Presidenta Bachelet afirmó que el informe OCDE sobre la política regulatoria ¨es un instrumento potente para Chile y para nuestro desarrollo. Es una prueba de que queremos acción y no sólo palabras. Si hay que mejorar nuestro sistema regulatorio para que la economía funcione mejor, de manera transparente y eficiente, lo vamos a mejorar sin falta¨.
Asimismo, la Mandataria destacó que las regulaciones tiene un impacto directo sobre la capacidad productiva y de crecimiento económico del país y que "mejorar nuestra política regulatoria crea bases para un economía más competitiva, con capacidades para crecer de manera más acelerada y sostenida y […] asegura que en la búsqueda de competitividad se puedan respetar los derechos de todos, así como cuidar los equilibrios medioambientales".
El estudio compila una serie de recomendaciones para mejorar la eficiencia de la gestión de la política de regulación y la prestación de servicios públicos basándose en un análisis a profundidad del contexto regulatorio, incluyendo sus disposiciones administrativas, legales e institucionales. Más específicamente, las recomendaciones emitidas en el estudio se basen en 3 área claves para el desarrollo de la política regulatoria chilena: 1) el marco regulatorio de las PYMEs; 2) la regulación en relación con los permisos de construcción y uso de la tierra; y 3) el gobierno digital.
Las principales recomendaciones formuladas por la Organización son:
- El establecimiento de un órgano de supervisión a cargo de la política regulatoria. El órgano debe encargarse de asegurar la adopción de políticas holísticas, formales, explícitas, vinculantes y consistentes con objetivos específicos y una estrategia de comunicación clara. Adicionalmente, debe desarrollar estándares obligatorios y guías para la preparación de leyes y regulaciones de la Administración, las cuales deben incluir consultas obligatorias, planificación hacia el futuro, lenguaje claro, transparencia y responsabilidad. El reporte propone que este órgano esté radicado en el Centro de Gobierno (SEGPRES) y que se construya sobre la base del trabajo que ya realizan las divisiones Legal y de Coordinación Interministerial de SEGPRES.
- El establecimiento de un órgano asesor del más alto nivel político que promueva la reforma regulatoria. Este debe incluir ministros o subsecretarios y otras partes interesadas para identificar las prioridades, revisar el progreso y promover las medidas correctivas que sean necesarias para avanzar en la implementación de un reforma regulatoria en Chile. El reporte propone que sea el Ministerio de Economía el que sirva de secretariado a este órgano asesor.
- Crear capacidades institucionales.
- La introducción o consolidación en el uso de las herramientas de administración de la regulación: implementar los Análisis de Impacto Regulatorio o ¨RIA¨ (regulatory impact assessments por su sigla en inglés), un programa más amplio e inclusivo de simplificación administrativa, coordinación con las iniciativas de gobierno digital, programas obligatorios de consulta pública y el desarrollo de evaluación posterior que incluya las regulaciones secundarias.
Lea el informe completo sobre la Política Regulatoria en Chile en inglés aquí
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