• A un día de que la Moncloa anunciara el anteproyecto de su ley de acceso a la información, parlamentarios y expertos chilenos expusieron su experiencia en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno organizado por la Universidad Alcalá de Henares, la Fundación Chile España y la Universidad Católica de Chile.
• “Chile tiene una capacidad muy especial para hacer siempre la excepción a la regla general y creo que ese dato de la excepcionalidad chilena ha llegado a un momento en que habría que estudiarla de una manera institucional y profunda”, afirmó Antonio Garrigues, miembro del Comité Transparencia Internacional España.
• El embajador de Chile, Sergio Romero, destacó la importancia de la actividad “para continuar forzando lazos entre dos países que tienen tantas cosas en común y tantas cosas que aportarse”.

Con total éxito se llevó a cabo durante todo el día de ayer el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno, iniciativa del embajador de Chile Sergio Romero, y organizado por la Universidad Alcalá de Henares en colaboración con la Fundación Chile España y la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo un día antes de que desde La Moncloa se diera a conocer el ante proyecto de Ley de Transparencia que obligará a informar en qué se gasta el dinero público del país. El evento fue coordinado por el ex ministro Virgilio Zapatero, decano de la Facultad de Derecho de la UC Roberto Guerrero, y Antonio Garrigues, miembro del Comité Internacional Transparencia España.

Precisamente ese fue el tema central del foro, en la que los parlamentarios chilenos Hernán Larraín, Eugenio Tuma y Alberto Cardemil, junto al director general y el presidente del Consejo de Transparencia de Chile, Raúl Ferrada y Alejandro Ferreiro respectivamente, explicaron detalladamente cómo funciona la Ley de Transparencia que desde el 2009 se aplica en su país, además de resolver las dudas de más de 50 invitados, en su mayoría parlamentarios y políticos españoles, donde existió una importante transversalidad política. Se trata de un tema central, porque la existencia de acuerdos entre gobierno y oposición en los distintos países es algo que permite que las leyes de transparencia tengan una mayor aceptación y un efectivo desarrollo en la práctica.

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván inauguró el foro destacando el interés que tiene su casa de estudios “por reforzar los vínculos que se remontan a siglos, lo mismo que con la Universidad Católica” y agregó que la actividad “es un síntoma y elemento importante para valorar esa relación estrecha entre los estudios universitarios y la investigación entre Chile y España”. Asimismo agradeció el especial respaldo de la Embajada de Chile y de la Fundación Chile-España, de la cual la Universidad de Alcalá es patrono fundador. Este tipo de foros continuarán tanto en España como en Chile, como una relación de colaboración permanente.

Raúl Ferrada, Director Consejo de Transparencia; Alejandro Ferreiro, Presidente Consejo Transparencia; Angela Vivanco, Profesora Derecho UC; Alberto Cardemil, Diputado; Sergio Romero, Embajador; María Angeles Osorio, Directora Fundación Chile-España; Hernán Larraín, Senador; Eugenio Tuma, Senador y Roberto Guerrero, Decano Derecho UC

Siguiendo con las palabras de apertura, el miembro del Comité de Transparencia Internacional España y miembro del Comité del Centro de Estudios de políticas Públicas y Gobierno, Antonio Garrigues, destacó lo bien que se encuentra chile en materia de Transparencia. “En el índice de Corrupción Chile está mejor posicionado que España, lo cual demuestra que en Chile están haciendo las cosas bien. Chile tiene una capacidad muy especial para hacer siempre la excepción a la regla general y creo que ese dato de la excepcionalidad chilena ha llegado a un momento en que habría que estudiarla de una manera institucional y profunda, porque ¿por qué razones Chile tiene en todos los índices una situación tan favorable?, ¿por qué en Chile funciona las instituciones tan bien?”, señaló antes la mirada atenta de los invitados presentes.

Para Garrigues es imprescindible “convertir el tema de la transparencia en un tema de derecho ciudadano”, según él, “en eso está la clave” y “la lucha contra la corrupción y contra la transparencia es una lucha perfectamente posible”. Finalizó su intervención señalando que el tema de la transparencia “es un tema que tenemos que afrontar, es un tema que la ciudadanía ya lo necesita y un síntoma de calidad democrática es cuando al final la ciudadanía empieza a acumular derechos”.

LAS CLAVES Y EL PROCESO EN CHILE

En su turno, el senador Larraín, uno de los impulsadores de la Ley de Transparencia en Chile, destacó los 8 puntos claves que según él se tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar una ley de transparencia: “Hay que saber qué se entiende como información pública; saber cómo se resolverán las controversias; definir con claridad cuál es el ámbito de la reserva; cuál es el ámbito de la aplicación; hay que correlacionar la información con la base de datos privados; no pueden estar ausentes los congresos ni los partidos políticos; y es muy importante la participación ciudadana”, destacó, para luego afirmar que con transparencia “se hace presente la verdad, se matan el rumor y la desinformación”.

Raúl Ferrada, en tanto, habló de los aspectos centrales del modelo chileno desde el punto de vista de la experiencia concreta en ese país y se refirió al proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información. “En el procedimiento hay plazos, requisitos en la forma de entregar una respuesta, organismos garantes, se contempla la aplicación se sanciones y hay una construcción legislativa bastante eficiente que busca efectividad”, dijo.

Ferrada explicó que el Consejo de Transparencia “es una corporación autónoma de derecho público, se rige por el código del trabajo y es una construcción bastante innovadora que tiene las facultades de dictar normas, de capacitar, de promocionar, de difundir e informar, además de fiscalizar, sancionar y resolver casos”. Agregó que hasta ahora en Chile “hay un buen nivel de cumplimiento, y el desafío es ahora avanzar en términos de calidad y otros atributos que la gente también valora”.

Para el senador Eugenio Tuma “hay una antes y un después en Chile desde que se aplicó la Ley de transparencia”. Según él, “todas las legislaciones con posterioridad a esta normativa consideran la forma en que el Estado y sus organizaciones públicas cumplirán con la información requerida por los ciudadanos”, terminando su intervención señalando que “la legitimidad de las autoridades se fortalece con más transparencia”.

En su turno, Alejandro Ferreiro señaló que “el proceso, la intensidad y la calidad de la institucionalidad de las estructuras a favor de la transparencia va a depender en buena parte de la convicción, del liderazgo y de la conciencia social”, y destacó que “cuando sabemos que vamos a ser observados nos interesa estar bien y ese es el efecto disciplinador de la transparencia, la inminencia del escrutinio social genera cambios de actitud y disciplina en los funcionarios públicos”. La transparencia, agregó, “ayuda a delinear el comportamiento efectivo de las autoridades respecto de lo que la sociedad espera de ellos”.

Respecto a cuáles son las condiciones previas que existieron en Chile para favorecer el establecimiento del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, asesor del grupo parlamentarios Pro Transparencia de Chile, enumeró las siguientes: una sociedad civil organizada; interés de los medios de comunicación social; compromiso transversal en el congreso; voluntad presidencial de avanzar en la creación del órgano autónomo; y apoyo internacional que también es clave para implementación.

Otro de los representantes chilenos invitados al Foro fue el diputado Alberto Cardemil, quien sostuvo que las leyes de transparencia y su aplicación “presuponen siempre un consenso político abrumador, sostenido en el tiempos, que origina cambios culturales y un funcionamiento de instituciones nuevas, costos y reacción con buenos argumentos de parte de las personas a las que se les solicita la información”.

En Chile, desde que se inició la Ley de Transparencia, sólo para la administración central del Estado se han emitido 100 mil solicitudes de información, con un promedio mensual de 3.300. Respecto al tipo de solicitudes, casi la mitad apuntan a ministerios sociales.

Tras más de seis horas de ponencias, uno de los coordinadores del Foro, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Católica de Chile, Roberto Guerrero, destacó algunas conclusiones que sacó en limpio de las exposiciones: “se puede asegurar que hay un reconocimiento indudable del beneficio de la transparencia; que la transparencia como primer efecto disciplinador es un bien público que beneficia el bien común; que hay una inescapable tendencia internacional sobre el tema; que la transparencia se opone a la opacidad y disminuye la corrupción, el fraude y el abuso de poder; que produce un cambio cultural donde el dueño de la información es el ciudadano y no el gobierno; y que es importante definir qué información es pública y cuál es causal de reserva”.

Durante todo el transcurso de Foro el embajador de Chile, Sergio Romero, estuvo presente escuchando atentamente cada una de las ponencias. Al finalizar la jornada, pasada las 18 horas, destacó la importancia que significa esta actividad “para seguir reforzando lazos entre dos países que tienen tantas cosas en común y tantas cosas que aportarse entre ellos, como en este caso Chile lo hizo con su experiencia en el tema de la transparencia en el gobierno y la administración pública”.

Lo esencial para Romero es que haya un amplio consenso sobre la transparencia en todas las fuerzas políticas como ocurrió en Chile con la reforma constitucional del año 2005, y de la cual fue uno de los autores junto al senador Larraín y José Antonio Viera Gallo.