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Destacan en España a la Justicia Procesal Chilena

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  • Ministro español señala que hoy España debe mirar a países como Chile que aportan valiosas experiencias y antecedentes que servirán a la Reforma de la Justicia de ese país.
  • Delegación chilena ha sido muy reconocida por las autoridades de la península
  • Embajador Sergio Romero destacó la estrecha cooperación entre Chile y España para dar cumplimento a la Alianza Estratégica suscrita en enero.

 

Madrid, 11 de junio de 2013

El ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Constitucional de Chile, Raúl Bertelsen, inauguraron esta mañana en Madrid el seminario: La reforma del proceso penal chileno. ¿Un modelo para España?, en el que se abordaron la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo anteproyecto está trabajando el Ministerio de Justicia de España tras haber recibido la propuesta de la comisión de expertos.

El seminario fue clausurado por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el embajador de Chile en España, Sergio Romero, estuvo compuesto de tres mesas redondas, en las que participaron miembros de la comisión de expertos que ha elaborado la propuesta de Código Procesal Penal.

Durante la jornada se abordaron, la experiencia chilena en la reforma del proceso penal, la actividad del Ministerio Fiscal, las acusaciones populares, el sistema de garantías, los procedimientos rápidos de resolución de conflictos y los sistemas de gestión de recursos.

Palabras del Embajador Sergio Romero en la clausura del Seminario sobre la Reforma del Proceso Penal Chileno, efectuado en Madrid el 11 de junio de 2013

Para la Embajada de Chile en España, representa un gran honor participar en la clausura de este encuentro que ha organizado la Fundación Chile-España y el Ministerio de Justicia de España, sobre La reforma del proceso penal chileno y su posible influencia en España. Lo digo como abogado, como ex parlamentario y como Jefe de Misión en este gran país. Estoy seguro que tanto los asistentes como los organizadores pueden estar satisfechos, por los temas que se han conversado y por las posibilidades de colaboración que tienen nuestros países.

En enero los presidentes Mariano Rajoy y Sebastián Piñera firmaron un acuerdo de Alianza Estratégica que permite estrechar lazos y realizar iniciativas y proyectos en las más diversas áreas. Estoy seguro que la colaboración que hemos hecho estos dos años sobre temas tan relevantes como la ley de Transparencia, la de Protección de Datos y ahora la Reforma Procesal Penal van en la línea correcta, que tiene expresión en las más diversas áreas.

Esta mañana el ministro Alberto Ruiz-Gallardón señaló que se había reunido con la ministra de Justicia de Chile Patricia Pérez, y le había señalado que estaban mirando el modelo chileno para la realización de la reforma en España, tema que ha sido parte del seminario de hoy y en el cual nosotros también tenemos mucho que aprender.

El sistema procesal penal chileno regía desde 1891, en tiempos de Jorge Montt, y fue el que me correspondió estudiar hace ya algunos años en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Un sistema de larga data, estable como corresponde al desarrollo de una buena institucionalidad, siempre posible de ser mejorada.

Esa fue la convicción que animó al gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y al Congreso Nacional a llevar adelante una importante reforma en 1997. Yo era en ese entonces presidente del Senado y con la Ministra de Justicia Soledad Alvear acordamos una importante reforma, que representaba asumir como políticas de Estado los grandes desafíos de políticas públicas, como era en este caso reformar el proceso penal en Chile, que para entonces se mostraba anticuado, lento y tenía otras dificultades.

La reforma procesal penal significó pasar en Chile de un sistema inquisitivo donde en un mismo juez estaban radicadas las funciones investigativas, de acusar y de dictar sentencia, para pasar a un sistema acusatorio, radicando la parte investigativa en un ente autónomo, llamado ministerio público, conformado por fiscales que investigan y que tienen la facultad de acusar. Por su parte ante quien se produce la prueba y quien juzga es un tribunal integrado por tres jueces, quienes dictan sentencia. Además se considera un juzgado que garantiza tanto las garantías constitucionales como procesales de los intervinientes. El juicio, como sabemos, es de carácter oral.

Después de algunos años de aplicación, han surgido algunas críticas en Chile, que vale la pena tener en cuenta. Entre ellos se percibe una desprotección hacia las víctimas o a lo menos una protección disminuida en relación a la que se otorga a los imputados; una deficiente legislación juvenil que no logra compatibilizar, adecuadamente, la responsabilidad de los jóvenes con su estructura especial de sanciones reducidas; y algunos otros que se han mencionado hoy. Un sistema excesivamente garantista puede afectar al conjunto del sistema, perder credibilidad y afectar la justicia que se promueve.

Por eso, como Embajador, es muy valioso saber que la Fundación Chile-España y el Ministerio de Justicia español han organizado este evento, que permite compartir una experiencia entre dos países amigos. De esta manera se facilita conocer el sistema, apreciar sus bondades, pero también superar aquellos aspectos que no han funcionado y que pueden perfeccionarse.

Quiero destacar muy especialmente la participación de los académicos y autoridades chilenas que nos han acompañado en esta ocasión. Raúl Bertelsen, destacado jurista y Presidente del Tribunal Constitucional de Chile; Rodrigo Cerda, Ministro Titular de la Corte de Apelaciones de Arica, quien es también Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados; Raúl Tavolari, Abogado y Profesor de Derecho Procesal, gran especialista; Solange Huerta, Fiscal Regional Metropolitana Occidente.

Finalmente, permítanme felicitar a los organizadores, a los expositores y al público que nos ha acompañado y que tengamos éxito en el traspaso de experiencia y en lograr mejorar nuestras legislaciones, para que efectivamente sirvan a las personas y promuevan el bien común de nuestros países.