El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El OIEA (www.iaea.org) fue establecido en 1957 como un organismo internacional autónomo e independiente con los siguientes objetivos:

• Promover el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear.
• Facilitar la cooperación técnica en materias nucleares a los países en desarrollo.
• Establecer y aplicar salvaguardias destinadas a asegurar que los materiales fisionables no sean utilizados de modo que contribuyan a fines militares.
• Establecer o adoptar normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida en la operación de las instalaciones nucleares.
• Establecer y adoptar normas para la protección física de las instalaciones y la seguridad en las operaciones nucleares.

En el ejercicio de sus funciones el OIEA debe actuar de acuerdo con los propósitos y principios de Naciones Unidas para fomentar la paz y cooperación internacional y su política encaminada a lograr el desarme mundial, con las debidas salvaguardias. Asimismo, anualmente debe informar de sus actividades a la Asamblea General y, cuando corresponda, al Consejo de Seguridad. Cabe recordar que el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), en vigencia desde 1970, entregó al OIEA una importante responsabilidad en materia de salvaguardias e inspecciones nucleares.

El OIEA tiene actualmente 180 estados miembros, cuenta con 2.500 funcionarios y un presupuesto aproximado de 415 millones de euros, a lo cual se agrega un Fondo Voluntario para la Cooperación Técnica (US$ 119 millones) y contribuciones voluntarias específicas de los miembros. Sus principales órganos políticos son la Conferencia General y la Junta de Gobernadores.

El OIEA comenzó a funcionar el 29 de julio de 1957 y en noviembre del mismo año la Asamblea General aprobó un acuerdo sobre su relación con la Organización de Naciones Unidas (ONU), a fin de tratar de acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica para fines de paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo.

Además de asegurar que la asistencia prestada no se utilice con fines militares, el OIEA establece normas de seguridad nuclear y protección ambiental, ayuda a los países miembros mediante actividades de cooperación técnica y alienta el intercambio de información científica y técnica sobre la energía nuclear.

Este organismo cuenta con asesores, equipo y capacitación para suministrar asistencia a los países en desarrollo y promueve la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para que los países receptores puedan ejecutar eficaz y seguramente sus programas de energía nuclear. Asimismo, le corresponde formular normas básicas de seguridad para la protección contra radiaciones y publicar reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados tipos de operaciones, incluido el transporte de material radiactivo.

El OIEA tiene su sede en Viena (Austria), con sedes regionales en Ginebra, Nueva York, Toronto y Tokio.

El año 2005 el OIEA, y su Director General Mohamed El-Baradei, obtuvieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la preservación de la paz y la seguridad internacional. Desde diciembre de 2019, el Director General es el argentino Rafael Mariano Grossi.

Chile en el OIEA y la Junta de Gobernadores

Chile es miembro del OIEA desde 1960 y ha sido parte de la Junta de Gobernadores en numerosas ocasiones. En línea con su compromiso con el desarme y la no proliferación, nuestro país ha respaldado los esfuerzos del Organismo en materia de inspección, verificación y cooperación técnica.

En 2022, Chile oficializó su candidatura para ser miembro de la Junta de Gobernadores para el período 2025–2027, en el marco del sistema de rotación regional acordado para América Latina y el Caribe.

En sus anteriores períodos como miembro de la Junta, Chile ha impulsado:

• Acceso a aplicaciones nucleares para el desarrollo sostenible.
• Fortalecimiento de la seguridad radiológica y nuclear.
• Apoyo a las salvaguardias para asegurar fines exclusivamente pacíficos.

Participación de Chile en las actividades del OIEA

a) Cooperación técnica. Aplicaciones de la energía nuclear en Chile

En la actualidad nuestro país, a través de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), ha desarrollado a lo largo de los años, casi la totalidad de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear que hoy son conocidas en todo el mundo, para lo cual se ha beneficiado del programa de Cooperación Técnica de este Organismo.

Por medio de la producción de elementos radiactivos, conocidos como radioisótopos, se elaboran compuestos de gran utilidad para la medicina, que ayudan a detectar y combatir enfermedades como el cáncer, o bien para realizar exámenes de variado tipo. También, son de gran utilidad para diversas aplicaciones en minería, industria y agricultura, tales como la aplicación de trazadores radiactivos para estudios dinámicos en sistemas de fluidos, o bien para la detección de fugas de fluidos, el estudio y la caracterización de aguas subterráneas o la absorción y el uso de nutrientes en diversas especies vegetales.

Otra aplicación de gran relevancia ha sido la irradiación de alimentos y materias primas, técnica que ayuda a la esterilización y la descontaminación de los productos, dejándolos aptos para el consumo de la población, o bien para su uso en la fabricación de otros productos.

Las técnicas nucleares también se han utilizado en Chile para el control de plagas, tal como ocurrió en sus inicios con el control de la mosca de la fruta, o como sucede en la actualidad con la irradiación de gusanos lo que asegura su exportación hacia los mercados de los países desarrollados.

b) Chile y la Cumbre de Seguridad Nuclear

En el ámbito de la no proliferación nuclear, la principal amenaza de actores no estatales a los estados es representada por el terrorismo nuclear y radiológico, y de otros actos maliciosos o sabotaje que puedan afectar a las instalaciones y actividades relacionadas con materiales nucleares y radiológicos. La protección de esa amenaza es la denominada Seguridad Física Nuclear.

Al respecto, en los últimos años se han logrado importantes avances en el fortalecimiento de la seguridad nuclear física a nivel mundial, incluyendo la adopción de diversos instrumentos internacionales, tanto de carácter voluntario como de naturaleza jurídicamente vinculante, en el marco del OIEA, las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes.

El proceso de Cumbres de Seguridad Nuclear fue lanzado por el Presidente de Estados Unidos Barack Obama en el año 2010, con el objeto de crear conciencia, tanto en la opinión pública como entre los Jefes de Gobierno, sobre la gravedad que representan las amenazas a la Seguridad Nuclear.

Chile ha participado desde el inicio en este proceso de cumbres, porque comparte el propósito de emitir una clara señal, al más alto nivel, para promover, reforzar y dar estricto cumplimiento a los instrumentos jurídicos, políticos y técnicos que nos acercan a nuestro objetivo de proteger a nuestros ciudadanos de las amenazas nucleares.

En línea con los compromisos asumidos en la Cumbre de Seguridad Nuclear, Chile ha suscrito un Acuerdo Tripartito con el OIEA y con el gobierno de los Estados Unidos, a fin de formalizar el mecanismo de intercambio de Uranio de Alto Enriquecimiento (HEU) por Uranio de Bajo Enriquecimiento (LEU).

La participación de Chile en este proceso es consistente con su política exterior, manifestada en todos los foros y regímenes vinculados a las materias de Seguridad Internacional, Desarme, No Proliferación y Control de Armas, y con su profunda convicción de que tiene una obligación internacional, compartida por igual con todos los estados, de contribuir a la paz y a la seguridad internacional y humana a través de la construcción conjunta de un régimen internacional vigoroso que salvaguarde tanto los intereses y los derechos de los estados como de las personas.

En materia de Seguridad Nuclear, Chile ha adherido y ratificado a la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares y su Enmienda. En particular, se ha comprometido a promover la adhesión a este instrumento en América Latina, a través de la realización de Seminarios y otras actividades de difusión, contribuyendo de esa manera a su universalización y entrada en vigor.

Chile ha desarrollado una activa agenda regional en el tema de la Seguridad Nuclear Física, y se encuentra en el proceso de fortalecimiento de los principales puntos de control de fronteras, a fin de incrementar la capacidad de monitoreo y control de tráfico de materiales radiactivos, desde y hacia el país, a través de la incorporación de sistemas de detección de alta tecnología, personal especializado y procedimientos específicos.

En materia de Terrorismo Nuclear, Chile ha adherido al Convenio Internacional para la Prohibición de Actos de Terrorismo Nuclear y participa activamente en diversas iniciativas como la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear

Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) es el principal instrumento internacional para evitar la expansión de armas nucleares, promover el desarme y facilitar el acceso a usos pacíficos de la energía nuclear. Entró en vigor en 1970 y cuenta con más de 190 Estados Parte.

Chile es parte del TNP desde 1995 y apoya firmemente su implementación integral y equilibrada. El país ha abogado por el desarme nuclear, el fortalecimiento del régimen de no proliferación y el acceso equitativo a tecnologías nucleares pacíficas. El OIEA actúa como órgano de verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tratado.

Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT)

Chile firmó el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) en 1996 y lo ratificó en 2000. El Tratado prohíbe toda explosión nuclear en cualquier lugar del mundo y establece un sistema de verificación global compuesto por estaciones de monitoreo sísmico, infra sónico, hidroacústico y de radionúclidos.

En el país operan siete estaciones del sistema internacional de vigilancia ubicadas en Isla de Pascua, Limón Verde, Juan Fernández y Punta Arenas. Aunque el Tratado aún no ha entrado en vigor, dichas estaciones están plenamente operativas y contribuyen al régimen internacional de detección de ensayos nucleares.

Código Internacional de Conducta contra la Proliferación de Misiles Balísticos (HCOC)

Chile es Estado suscriptor del Código desde noviembre de 2002. El HCOC es el único instrumento multilateral centrado en la transparencia y el fomento de la confianza en relación con la proliferación de misiles balísticos capaces de portar armas de destrucción masiva.

En octubre de 2003, Chile ejerció la presidencia del mecanismo, y actualmente ostenta la Presidencia Pro Témpore del HCOC durante el período 2024–2025, reflejo del compromiso del país con la paz, la transparencia y el fortalecimiento del régimen multilateral.

En el marco de su presidencia, Chile impulsa una agenda centrada en los siguientes ejes:

• Formación de una Presidencia Troika: Chile propone implementar una estructura de liderazgo compartido entre tres Estados, lo que permitiría una transición más fluida y garantizaría la continuidad en la implementación del Código. Esta medida busca aprovechar la diversidad de perspectivas y experiencias de distintos países suscriptores para enriquecer el proceso de diálogo y cooperación.
• Establecimiento de diálogos con Estados no suscriptores: Con el fin de universalizar el Código, Chile promueve la apertura de espacios de diálogo constructivo con aquellos países que aún no han suscrito el acuerdo. Se busca demostrar de manera concreta los beneficios del Código para la prevención de la proliferación y la construcción de confianza y transparencia entre las naciones, ampliando así la red de compromiso global.
• Enfoque integral en misiles balísticos: Chile propone reforzar el alcance del Código centrándose en los misiles balísticos en general. Esto implica resaltar la relevancia estratégica y el impacto que estos sistemas pueden tener en la seguridad internacional, independientemente de su alcance, precisión o tipo de ojiva. Esta actualización busca mantener al Código vigente y pertinente frente a los desafíos tecnológicos y geopolíticos actuales.

Arreglo de Wassenaar

El Arreglo de Wassenaar sobre el Control de Exportaciones de Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Doble Uso fue establecido en 1996 y tiene su sede en Viena, Austria. Su objetivo es promover la transparencia y responsabilidad en la transferencia de materiales sensibles, con miras a contribuir a la seguridad y estabilidad internacional.

Chile presentó oficialmente su candidatura para ser miembro del Arreglo en 2015. Uno de los requisitos que se exige para la membresía es la adopción e implementación de legislación nacional sobre el control de exportaciones de bienes de uso dual y de defensa, materia que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso Nacional.

Aunque Chile aún no es miembro pleno, participa como observador en las reuniones informativas sobre las listas de bienes controlados y ha ido adaptando progresivamente sus normativas y procedimientos nacionales a los estándares definidos por este mecanismo multilateral.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

Establecida en 1997, con la fusión del Programa de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Centro para la Prevención del Delito Internacional, la ONUDD opera en todas las regiones del mundo a través de una extensa red de oficinas.

El mandato de la ONUDD consiste en ayudar a los Estados miembros en su lucha contra el problema mundial de las drogas, el crimen organizado trasnacional, la corrupción y los delitos económicos, el terrorismo y la prevención del delito y justicia penal.

Los tres pilares del programa de trabajo de la ONUDD son:

• Cooperación técnica mediante la implementación de proyectos en terreno y fomento de capacidades para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra las drogas ilícitas, crimen organizado trasnacional, la corrupción, el tráfico ilícito y el terrorismo, incluida la asistencia jurídica.
• Investigación y análisis para incrementar la información y el entendimiento sobre los problemas de las drogas y de delincuencia y aumentar el conocimiento empírico para las decisiones operativas y de política.
• Labor normativa para ayudar a los Estados en la ratificación y aplicación de los tratados internacionales pertinentes, el desarrollo de la legislación nacional en materia de drogas, delincuencia y terrorismo, así como mantener una secretaría y servicios sustantivos para los órganos de conducción de los tratados.

Organismos y temas relacionados con la ONUDD

Comisión de Estupefacientes (CND)

La Comisión de Estupefacientes (CND) fue creada por el Consejo Económico y Social mediante la resolución 9 de 1946, para apoyar al Consejo en la supervisión de la aplicación de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas. En 1991, la Asamblea General amplió el mandato de la Comisión a fin de que pudiera funcionar como órgano rector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y aprobar el presupuesto del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas.

La Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas de 2009 dio mandato a la Comisión para vigilar la situación mundial con respecto a las drogas, para desarrollar estrategias internacionales de fiscalización de drogas y para recomendar disposiciones para luchar contra el problema mundial de las drogas, mediante la reducción de la demanda, la promoción de iniciativas de desarrollo alternativo y la adopción de medidas de reducción de la oferta. En marzo de 2014, la Comisión llevó a cabo un examen de alto nivel de la aplicación por los Estados Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción donde se reafirmó el compromiso con el marco adoptado en 2009.

Asimismo, en 2016 se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) donde se reunieron a líderes mundiales para revisar la política internacional de control de drogas y evaluar los avances desde el Plan de Acción de 2009 con un enfoque en la salud y el respeto de los derechos humanos. En 2019 se lanzó la Declaración Ministerial donde acordó reforzar y continuar la estrategia mundial contra las drogas, evaluando lo hecho desde 2009 e incorporando los avances de 2016. En 2024 se realizó la revisión de medio término de estos compromisos durante EL 67º Periodo de Sesiones de la CND.

La Comisión está compuesta de 53 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), con sede en Nueva York, entre los miembros de Naciones Unidas por un periodo de cuatro años, tomando en cuenta el principio de distribución geográfica equitativa y otorgando adecuada representación a los países que son importantes productores de opio y de hoja de coca o que tienen una producción relevante de estupefacientes, o que la adición a la drogas o el tráfico ilícito constituyen un problema significativo. Los miembros son:

(a) Once de África;

(b) Once de Asia;

(c) Diez para América Latina y el Caribe;

(d) Seis de Europa oriental;

(e) Catorce de Europa Occidental y de otros Estados;

(f) Un puesto que se rota entre Asia y América Latina y el Caribe cada cuatro años.

Chile ha sido miembro de la Comisión durante el período 2024-2027.

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos que fue establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes mediante la fusión de dos órganos, a saber, el Comité Central Permanente de Estupefacientes, creado en virtud de la Convención Internacional del Opio de 1925, y el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, creado en virtud de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931.

La JIFE está integrada por 13 miembros, cada uno de ellos elegido por el Consejo Económico y Social, para desempeñar un mandato de cinco años. Los miembros pueden ser reelegidos. Diez de ellos se eligen de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos. Los tres restantes se eligen de una lista de candidatos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su experiencia médica, farmacológica o farmacéutica. Los miembros de la Junta han de ser personas que, por su competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general. Una vez designados, los miembros de la Junta ejercen sus funciones imparcialmente y a título personal, con total independencia de los gobiernos.

La JIFE se relaciona directamente con la institución a cargo de los medicamentos en Chile (el Instituto de Salud Pública), no obstante, la Misión sirve de enlace y mantiene contacto con el Secretariado de la JIFE, remitiendo información y solicitando antecedentes en Chile, cuando es requerida.

Chile y la Comisión de Estupefacientes

Chile sostiene que las tres convenciones internacionales sobre el control de drogas son los pilares del sistema internacional para el control de las drogas. Nuestro país considera que cualquier modificación en la política para enfrentar el problema mundial de las drogas debe hacerse de conformidad a dichos tratados y con estricto apego a sus compromisos internacionales. Chile ha sido miembro de la Comisión en varias oportunidades, y su actual periodo expirará en 2027.

Durante su periodo como miembro de la Comisión de Estupefacientes, Chile ha abogado por el respeto a los tratados internacionales y por un enfoque humanitario con respecto al tratamiento de las personas con problema de abuso de sustancias, dando énfasis a la prevención como herramienta principal frente al consumo problemático.

Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y sus protocolos (UNTOC)

En materia de crimen, el principal instrumento que guía los trabajos de la UNODC es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y sus protocolos, conocida por sus siglas (en inglés) UNTOC adoptada en el año 2000 y que entró en vigor en 2003.

Nuestro país firmó esta Convención el 13 de diciembre de 2000 y la ratificó el 29 de noviembre de 2004. Siendo así, Chile participa de las Conferencias de las Partes de la UNTOC y de su Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención. La próxima Conferencia de las Partes tendrá lugar en octubre de 2026 en Viena.

Dentro de sus Protocolos adicionales, nuestro país ha ratificado el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”, así como el “Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”, los cuales complementan la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En virtud de su ratificación de estos instrumentos internacionales Chile participa activamente de las reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes, Armas de Fuego, Cooperación Internacional y Asistencia Técnica.

Comisión para la Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)

La CCPCJ es el órgano central en esta materia dentro del sistema de Naciones Unidas que provee políticas y directrices en materia de prevención del delito y justicia penal. La CCPCJ formula políticas internacionales y recomendaciones en asuntos de materia penal, incluyendo tráfico de personas, crimen trasnacional y prevención del terrorismo. Asimismo, monitorea el uso y aplicación de normas relevantes de Naciones Unidas y guía el desarrollo de políticas en respuesta a materias emergentes. Nuestro país a través de la Misión Permanente de Chile en Viena participa activamente de esta Comisión. Asimismo, participan en ella representantes del quehacer nacional en materia de justicia y prevención del crimen, tales como altos funcionarios del Ministerio Público, Fiscalía, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, etc.

La delegación de Chile ante la CCPCJ ha participado de las negociaciones de los proyectos de resolución que se presentan, copatrocinando aquellos que revisten especial interés para la política exterior de nuestro país en la materia. Por ejemplo, Chile copatrocinó importantes proyectos de resolución tales como “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” o Reglas Nelson Mandela, “Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal” y “Fortalecimiento de las políticas sociales como instrumento para la prevención del delito”.

En lo que se refiere a Terrorismo, la oficina se guía por un régimen jurídico universal compuesto por diferentes instrumentos internacionales, entre los que se incluyen mandatos específicos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra terrorismo, así como instrumentos del Consejo de Seguridad y de la Comisión para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es el primer instrumento jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.

La Convención tiene por objeto:

• Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
• Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Para alcanzar los objetivos enunciados en la Convención y promover y examinar su aplicación se estableció una Conferencia de los Estados Parte (COSP) que se reúne cada 2 años. La última COSP fue en Qatar en noviembre de 2025 y la próxima será en Uzbekistán en 2027.

Durante la COSP11 de Doha de 2025, se oficializó el lanzamiento de la segunda fase del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención. Asimismo, se aprobó por consenso la resolución 11/6 propuesta por Chile, Austria y Eslovenia sobre “Fortalecimiento de las actividades y programas educativos sobre valores éticos, integridad y lucha contra la corrupción para niños y jóvenes como pilar importante para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas”, centrada en mejorar la educación en integridad y valores éticos de niños y jóvenes, como estrategia de prevención de la corrupción.

La UNCAC cuenta con un Mecanismo del Examen de la Aplicación, cuyo Grupo de Trabajo conocido por las siglas de IRG (Implementation Review Group) se encarga de dar seguimiento técnico y político que asegura que los países cumplan con lo establecido en la UNCAC.

Chile y la UNCAC, nuestro país es miembro signatario de la UNCAC y un activo participante en las reuniones de la UNCAC. La lucha contra la corrupción, el fomento de la transparencia y de una mayor participación de la sociedad civil son fundamentales para nuestro país.

Academia Internacional contra la Corrupción (IACA)

La Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) es una organización internacional con sede en Laxenburg, Austria, establecida el 8 de marzo de 2011. La Academia fue fundada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la República de Austria, y otras partes interesadas.

Es la primera institución mundial de su tipo, dedicada al conocimiento y a la práctica en el campo de la lucha contra la corrupción. La Academia ofrece capacitaciones estandarizadas y personalizadas y programas de grado académico. Tiene hasta la fecha 82 miembros, 78 miembros de la ONU y cuatro organizaciones internacionales.

Chile y la IACA

Nuestro país firmó la convención constitutiva de la IACA el 2 de septiembre de 2010 y la ratificó el 11 de julio de 2013. Chile reconoce la importancia de la IACA como una institución única dedicada al estudio y enseñanza contra la corrupción. Por tal motivo, Chile se interesa por la más amplia divulgación de los programas de la IACA, a nivel nacional y regional.

Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA)

Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS)

La COPUOS fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959 (Resolución 1472 XIV sobre cooperación Internacional en los usos pacíficos del Espacio Ultraterrestre, con el objetivo de revisar el alcance de la cooperación internacional en la utilización pacífica del espacio ultraterrestre; crear programas en esta área para ser desarrollados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para fomentar la investigación continua y la difusión de información sobre cuestiones relativas al espacio ultraterrestre, y estudiar los problemas jurídicos derivados de la exploración del espacio exterior.

La Comisión se reúne una vez al año (8 días – junio) y tiene a su vez dos subcomisiones plenarias: Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos; Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Tanto la Comisión como las Subcomisiones se reúnen anualmente para someter a consideración asuntos que les son presentados por la Asamblea General, los informes presentados y cuestiones planteadas por los Estados Miembros. Estas tres instancias trabajan sobre la regla del consenso, y elaboran recomendaciones para la Asamblea General.

En 1958, inmediatamente tras el lanzamiento del primer satélite artificial, la Asamblea General decidió establecer una comisión ad hoc para los usos pacíficos del espacio ultraterrestre, con 18 miembros, para considerar:

• Las actividades y recursos de las Naciones Unidas, las agencias especializadas y otras entidades internacionales relativas a los usos pacíficos del espacio;
• Cooperación Internacional y programas en este campo que pudieran ser emprendidas bajo los auspicios de las NNUU;
• Disposiciones organizativas para facilitar la cooperación internacional en el campo dentro del marco de las NNUU;
• Asuntos legales/problemas jurídicos que pudieran surgir en los programas de exploración del espacio exterior.

En 1959, la Asamblea General estableció la Comisión como un órgano permanente y reafirmó el mandato de la resolución 1472 (XIV). EN 1961, la AG, teniendo en cuenta que las NNUU debería constituir el punto focal para la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, solicitó a la Comisión, en cooperación con el Secretario General y haciendo pleno uso de las funciones y recursos de la Secretaría:

• Mantener estrecho contacto con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con los asuntos del espacio exterior y competentes al respecto;
• Facilitar y proveer el intercambio de información relativa a las actividades espaciales que los gobiernos puedan facilitar de manera voluntaria, que complemente pero no duplique los intercambios técnicos y científicos existentes;
• Prestar asistencia en el estudio de las medidas para promover la cooperación internacional en las actividades del espacio exterior.

Asimismo, esta resolución solicita al Secretario General mantener un registro público de los lanzamientos basado en la información provista por los Estados lanzadores de objetos en órbita o más allá.

Estos términos de referencia han proporcionado desde entonces las directrices generales para las actividades de la COPUOS en la promoción de la cooperación internacional en los usos pacíficos y la exploración del espacio exterior.

En 1959, la Comisión se conformaba de 24 miembros. Desde entonces ha crecido hasta contar hoy con 104 miembros, siendo así una de las Comisiones más grandes de Naciones Unidas. Además de los Estados, un importante número de organizaciones internacionales, entre las que se cuentan gubernamentales y no gubernamentales, cuentan con status de observados en la COPUOS y sus subcomisiones.

Chile en COPUOS

En 1973 Chile se incorpora a la Comisión, según la Resolución de la Asamblea General 3182 (XXVIII) y la decisión de la AG A/9492.

Chile otorga especial importancia a la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, COPUOS, participando activamente de la misma.

Nuestro país ha enfatizado la importancia de que los Estados Miembros protejan a COPUOS como un foro multilateral, siendo conscientes de que los cambios y avances técnicos y científicos que el mundo experimenta hoy exigen un fortalecimiento de este tipo de instancias multilaterales en las cuales se debe promover un diálogo más interactivo tendiente a crear realidades éticas y jurídicas capaces de regular desde una perspectiva deóntica la realidad fáctica. Máxime considerando la disparidad que existe entre el rápido avance de la ciencia y tecnología en la actualidad y los procesos de creación de normas e instrumentos jurídicos vinculantes que regulen dichos avances científico-tecnológicos, en el sentido de la paradoja ética de la postmodernidad. Si bien la humanidad no ha avanzado en la creación y el establecimiento de normas jurídicamente vinculantes, sí observamos avances claros en el desarrollo de instrumentos no vinculantes.

En nuestra participación en COPUOS hemos señalado claramente la necesidad de una reglamentación pero que, al buscar formas de reglamentar, estas normas no siempre estarán necesariamente de acuerdo con nuestra tradición jurídica sino orientadas a producir resultados tangibles que moldeen conductas. En este sentido hemos destacado que Chile es un país que acepta la globalización, pero sin perder de vista que ésta debe estar regida por reglas y que es de nuestro interés participar en la creación de dichas reglas, teniendo en cuenta que reglas no significa únicamente instrumentos jurídicamente vinculantes.

Estado de cumplimiento Nacional respecto de los cinco Tratados de Naciones Unidas relativos al Espacio Ultraterrestre

Chile ha ratificado los cinco Tratados principales de las Naciones Unidas relativos al Espacio ultraterrestre.

• Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (1967)
• Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (1968)
• Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales (1972)
• Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (1975)
• Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (1979)

Además, nuestro país ha ratificado otros tratados que se refieres a regulaciones y usos del espacio exterior:

• Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water (1963)
• Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974)
• Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), con sus anexos (1971)
• Convention on the International Mobile Satellite Organization (1976)
• International Telecommunication Constitution and Convention (1992)

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

ONUDI fue creada el año 1966 y desde el año 1985 funciona como Agencia Especializada de Naciones Unidas. En su acta de constitución se indica que podrán ser miembros de ella, todos los “Estados Miembros de las Naciones Unidas, o de un organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica”. En la actualidad cuenta con 173 estados miembros y su Director General es el Sr. Gerd Müller, de la República Federal de Alemania, quien asumió en 2021.

La ONUDI tiene tres órganos normativos:

• Conferencia General: Celebra reuniones dos veces al año. La última conferencia general se realizó en Riad, Marruecos, en noviembre de 2025.
• Junta de Desarrollo Industrial (JDI): Tiene 53 estados miembros. Se reúne una vez al año y tiene por misión revisar la implementación del programa de trabajo, el presupuesto y hacer recomendaciones a la conferencia en materia de políticas, incluyendo el nombramiento del Director General.
• Comité de Programa y Presupuesto: Tiene 27 estados miembros y como su nombre lo indica, conoce de las materias presupuestarias y financieras. Se convoca una vez al año.

ONUDI tiene una red de oficinas regionales en América Latina (México, Colombia y Uruguay) y cinco oficinas nacionales (Brasil, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), además de un punto focal en Barbados. La sede de Montevideo tiene a su cargo a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. El Sr. Manuel Albaladejo es el representante sub-regional.

El principal objetivo del organismo, definido en su Constitución, es la promoción del desarrollo industrial en países en desarrollo. Las tres principales áreas de trabajo de la ONUDI son la reducción de la pobreza mediante el desarrollo industrial, la formación de capacidades de comercio y la promoción de energías renovables.

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) fue establecida por la Asamblea General en 1966 de 17 de diciembre de 1966 con el objetivo de promover la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil internacional. La CNUDMI tiene su sede en Viena, Austria y se reúne una vez al año en el edificio de las Naciones Unidas en Viena.

Es un órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, dedicado a la elaboración de la legislación mercantil internacional a través de la redacción de convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial, la preparación de guías jurídicas y legislativas, la formulación de recomendaciones, la presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno y la prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación.

La Comisión está integrada por 60 Estados miembros elegidos por la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y los principales sistemas económicos y jurídicos. Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos de seis años y el mandato de la mitad de ellos expira cada tres años.

La CNUDMI tiene en la actualidad seis grupos de trabajo y sus temas son los siguientes:

Grupo de Trabajo I – Resguardos de almacenaje

Grupo de Trabajo II – Solución de Controversias

Grupo de Trabajo III – Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados

Grupo de Trabajo IV – Comercio Electrónico

Grupo de Trabajo V – Régimen de la Insolvencia

Grupo de Trabajo VI – Documentos de Transporte multimodal negociable

Las reuniones de los grupos de trabajo de la CNUDMI se realizan dos veces al año, una vez en Viena y la siguiente en Nueva York.

Chile y la CNUDMI

Nuestro país ha sido miembro de la Comisión en los siguientes periodos: 1968, 1983,1986, 1998, 2004, 2016 hasta la fecha. Chile ha ratificado las siguientes convenciones de la CNUDMI: a) La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) que entró en vigor el 03/12/1975, b) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980), en vigor en nuestro país desde el 01/03/1991, y c) el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (Hamburgo, 1978) adoptado por nuestro país el 01/11/1992. Asimismo, Chile ha promulgado legislación interna basada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997).